Izquierda unida defendera mociones en defensa de la sanidad pública o sobre la recogida urgente de los residuos de Hispano Textil
MOCION DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA
D. Miguel Flores Hernández, portavoz del Grupo municipal de IUCyL en el
Ayuntamiento de Béjar, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCION, que tiene su
fundamento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el Pleno del día 17 de mayo de 2012 se aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de
abril, “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.”
Este Real Decreto Ley ha supuesto un cambio significativo en la concepción de la atención
sanitaria y se ha llevado a cabo sin un debate previo no solo en el Parlamento sino también con
entidades profesionales y sociales en este campo.
En el Capítulo I, concretamente en el artículo primero, se establecen las condiciones para
acceder al “derecho a la asistencia sanitaria en España”, unas condiciones que están en vigor desde
el 1 de septiembre y que restringen el derecho a múltiples colectivos como:
· Personas con nacionalidad, mayores de 26 años residentes en España que nunca han
estado en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social.
· Personas con nacionalidad de alguno de los países miembros de la Unión Europea, del
Espacio Económico Europeo o de Suiza que carezcan de certificado de residencia en España y/o no
puedan acreditar su situación de paro involuntario.
· Extranjeros nacionales de países terceros que carezcan de autorización de residencia en
España.
Para éste último colectivo, cifrado en unas 150.000 personas, el Real Decreto prevé
únicamente la atención sanitaria de urgencias (salvo en el caso de mujeres en proceso de gestación
y los menores) como único supuesto de asistencia médica, volviendo a una concepción restrictiva
que no aporta valor alguno a nuestra sociedad y que se erradicó en el año 2000 con la Ley Orgánica
de Extranjería 4/2000.
Esta situación, supone el paso atrás mencionado y, en la práctica, además de un cambio en
la concepción de Universalidad en el acceso a la salud pública, una vulneración del principio de
equidad que guiaba hasta el momento las políticas de sanidad de este país. Esta situación puede
provocar no sólo el colapso de las zonas de urgencia de los hospitales españoles, aumentando –
paradójicamente- los costes en la atención sanitaria a la población, sino también dividir a la
sociedad en ciudadanos de plenos derechos y no-ciudadanos o ciudadanos sin derechos.
Asimismo, la propuesta de la atención de estas personas a través de convenios entre las
Comunidades Autónomas y ONG sigue vulnerando la vocación de universalidad de nuestro sistema sanitario y no haría sino ahondar en la brecha arriba señalada creando sistemas de atención
sanitarias paralelos.
ACUERDOS:
1. Desde el Ayuntamiento de Béjar manifestamos nuestra disconformidad con el
contenido de este Real Decreto Ley.
2. Exigir al Gobierno a que retire este Real Decreto Ley.
3. Instar al a la Junta de Castilla y León, para que retire de su agenda política cualquier
pretensión de avanzar en la privatización de la gestión de la sanidad pública CyL.
4. Dirigirse a los Grupos Parlamentarios presentes en les Cortes de CyL con la finalidad
de promover, ante el Gobierno del Estado, un PACTO POR LA SANIDAD que consolide nuestro
Sistema Nacional de Salud y que asegure la cohesión social y la equidad para todos los
ciudadanos. Un pacto que incluya a las fuerzas políticas, sindicales y de profesionales, a la
industria y a los colectivos de pacientes que permita que nuestro SNS siga siendo uno de los
mejores sistemas sanitarios del mundo.
5. Dar traslado de los acuerdos de esta moción:
- Al Presidente del Gobierno y Junta de Castilla y León.
- A Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y de les Cortes de CyL
- A la Ministra de Sanidad. .
MOCION RETIRADA RESIDUOS DE HISPANO TEXTIL
ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
BÉJAR
MIGUEL FLORES HERNÁNDEZ, concejal-portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Béjar, ante el
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Béjar comparece y dice:
Que en virtud de lo previsto en el artículo del artículo 97.3 del ROF,
vengo a formular la presente Moción para su discusión por el Pleno,
por lo que ruego de traslado de la misma a los Portavoces de los
Grupos Municipales a fin de que en la conozcan con antelación a la
convocatoria de la Junta de Portavoces, previa inclusión de la
misma en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario.
MOCION SOBRE LA RECOGIDA URGENTE DE LOS RESIDUOS
TOXICOS Y CANCERIGENOS DE LA ZONA INDUSTRIAL
CONOCIDA COMO “THESA”.
ANTECEDENTES
Como por todos los bejaranos y las bejaranas ya es sabido, en la
zona de la antigua industria de Hispano Textil, existen acumulados
mas de cuatro mil metros cuadrados de cemento amianto, de
nombre comercial “Uralita”, en forma de polvo, troceadas y rotas,
diseminadas por toda la zona industrial.
El cemento amianto, un producto muy utilizado a mediados del siglo
XX, como aislante y material de cubiertas en la construcción, fue
retirado y prohibido su uso en la década de los años 70, cuando se
verifico su relación causa-efecto con enfermedades del trabajo
como la asbestosis y el cáncer de pulmón.
Debido a los últimos informes de la Junta de Castilla y León que
verifican la existencia de tales residuos tóxicos y cancerígenos sin
tratar, debido a que según el propio concejal de medio ambiente del
consistorio bejarano, ya se han comenzado los tramites
administrativos por parte de la Junta de Castilla y León contra los
responsables del solar, teniendo en consideración la cercanía de
dicho solar (y por tanto de productos tóxicos y cancerígenos) a
diversas instituciones publicas (como una guardería, un colegio, un
instituto de enseñanza secundaria), de decenas de bloques
residenciales donde viven cientos de vecinos, decenas de negocios
y el Rio Cuerpo de Hombre.
Ante el riesgo real que supone para la salud publica, que dichos
elementos se encuentren presentes en las cercanías de todos estos
lugares descritos, se propone ante el Pleno de Béjar el siguiente
acuerdo:
- Instar a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Asuntos
Sociales a que prevengan a las descritas Instituciones
públicas, así como que este consistorio se comprometerá a
prevenir a los vecinos de la zona.
- Instar a la Junta de Castilla y león a que intervenga de manera
inmediata y de carácter urgente, en la recogida selectiva de
los productos tóxicos y cancerígenos que existen en la zona.
- Instar a los propietarios a que se hagan cargo y
responsabilicen de todos los cargos que la ejecución de tales
obras ejecutadas por la Junta de Castilla y León.
Se de conocimiento a los interesados así como a la delegación
territorial de medio ambiente de Castilla y león, al delegado
territorial de Castilla y León en Salamanca y a las consejerías a
de medio ambiente y de sanidad de Castilla y León.
MCION CONTRA LAS TASAS EN AL JUSTICIA
MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO A QUE PROMUEVA LA RETIRADA DE LA LEY
10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS TASAS
EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL INSTITUTO NACIONAL
DE TOXILOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES.
De acuerdo con lo previsto en el reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales: D. Miguel Flores Hernández, portavoz del Grupo
municipal de IUCyL en el Ayuntamiento de Béjar, viene a formular para su aprobación la
siguiente MOCION
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 22 de noviembre entró en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional
de Toxicología y Ciencias Forenses.
Tras una tramitación de vértigo en el Parlamento, con evidente afán de ocultación a los
ciudadanos y ciudadanas, su contenido constituye una muestra más de la voluntad del Gobierno
de llevar a cabo un desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, cuestionando a su vez el
ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.
La Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales, erradicó de
nuestro ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial, para propiciar que todos los ciudadanos
pudieran obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social.
Mediante la contrarreforma emprendida por el Grupo Popular, este cambio normativo
tan radical se produce sin haberse aceptado ninguna propuesta de los Grupos Parlamentarios a lo
largo de su tramitación en ambas Cámaras, extendiéndose el pago de las tasas judiciales a toda
persona física y jurídica, así como a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso-administrativo y
social.
Si bien el Tribunal Constitucional en Sentencia de fecha 16 de febrero de 2012, consideró
constitucional la reintroducción de la tasa hecha por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, también
afirmó que “Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se demostrase que la cuantía
de las tasas.../..., son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo
obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la
jurisprudencia expuesto en el fundamento jurídico 7. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe
ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer
el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia”. En consecuencia, la cuantía de
las tasas no deben impedir u obstaculizar el acceso a la Justicia.
Recientemente, el Sr. Manuel Cachón Cadenas, Catedrático de Derecho Procesal de la
Universidad Autónoma de Barcelona, decía que: “Si el legislador, mediante la imposición de tasas
judiciales o de otra forma, pone dificultades para que un ciudadano que ha sufrido una lesión de
sus derechos pueda acudir a los tribunales a pedir protección, esto significa que ese legislador está
favoreciendo a quien ha lesionado aquellos derechos. Por ello, la existencia de tasas judiciales
fomenta la morosidad y, en general, el incumplimiento de las obligaciones. En la medida en que un
sistema de tas judiciales dificulte la obtención de tutela judicial, en esa misma medida está
beneficiando a los que incumplen sus obligaciones”.
El objetivo recaudatorio que persigue esta Ley es desproporcionado con la limitación del
derecho de acceso a la Justicia, y puede convertirse en un obstáculo impeditivo para la obtención
de la tutela judicial efectiva.
Por todo ello, el Grupo Municipal IUCyL del Ayuntamiento de Béjar, somete a votación, para su
aprobación la siguiente:
MOCIÓN
• Pedir al Gobierno que promueva la retirada de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia
y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dejando sin efecto la
misma.
• Pedir al Gobierno que garantice que nadie vea limitado su derecho de acceso a la
Justicia por no poder hacer frente al pago de una tasa judicial.
• Remitir copia de la presente moción al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del
Gobierno de España