Nota de rectificación Antonino González Canalejo
En relación con la nota de GECOBESA publicada por su diario el 15 de febrero pasado, acogiéndome al artículo 2º de la Ley Orgánica 2/1984 reguladora del Derecho de Rectificación, le ruego haga públicas las siguientes puntualizaciones:
1. En el primer párrafo se hace referencia a la sentencia del T.S. 471/2012 y se afirma que dicho tribunal da la razón al sr. Montero sobre la propiedad de una finca, lo cual es cierto. Pero se añade que es "en defensa del desarrollo de la estación de esquí Sierra de Béjar y su proyección económica en la comarca", lo cual es falso, pues el pleito es por una finca situada en la provincia de Ávila, dentro del parque Regional de Gredos y no por la Covatilla, que como usted sabe pertenece a Salamanca y para nada se menciona en la sentencia la estación de esquí. Se puede comprobar en la copia que le adjunto de dicha sentencia.
2. En el segundo párrafo añade que no había lugar a los recursos interpuestos por el presidente de Ecologistas en Acción y el exalcalde de El barco de Ávila. Como también puede comprobar es absolutamente falso pues los recurrentes en este caso son otras personas ya que tanto el Señor Hernández Leal como yo mismo somos ajenos al proceso relacionado en dicha sentencia, como puede constatar al leer su contenido.
3. El sr. Montero presentó en 2007 una querella contra D. Mariano Calle, D. Manuel Hernández y contra mí. No es la primera vez que lo hace ni nosotros somos los únicos querellados. Ese proceder busca como único objetivo amedrentar a aquellas personas que se oponen a los espurios intereses que el Sr Montero representa. De cualquier manera, a día de hoy, el juzgado de Piedrahíta no ha dictado auto alguno por lo que difícilmente los querellados podemos estar imputados. Ante la afirmación del sr. Montero, debería exigírsele copia del auto donde se pruebe lo que dice.
4. Quién realmente se opone a un verdadero desarrollo de la comarca de Béjar no es otro que el sr. Montero y quienes le secundan, especialmente algunos representantes de las administraciones públicas. Es de sobra conocido que en las conclusiones del estudio encargado por la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León sobre la comarca de Béjar, y elaborado por la Universidad de Salamanca así como en el Estudio de Áreas Periféricas de Castilla y León encargado también por la Junta a la misma Universidad, para nada se recomendaba una estación de esquí en la Covatilla. También es cierto que la Comunidad Europea desistió de colaborar en su construcción por el impacto ambiental severo que causaría, negándose a aportar cualquier apoyo económico. No obstante la propia Junta de Castilla y León se empeñó en realizarlo invirtiendo desde entonces cientos de millones del erario público en materializarlo. Si todo ese dinero se hubiera empelado en financiar las líneas propuestas por los estudios mencionados y otros similares encargados por la administración, y a los que finalmente no hizo ningún caso, seguramente hoy el paro y la situación económica de la comarca de Béjar no serían tan dramáticos. Así pues, el sr. Montero y la Covatilla, le jos de ser la solución al desarrollo económico de la comarca, se han convertido en su mayor problema, por mucho que ese personaje pretenda hacer responsables a terceras personas.
A lo mejor quién debería ir a la cárcel es el señor Montero, no tanto por Gecobesa como por la especulación inmobiliaria de ALSAN, gestora de su propiedad radicada en Leganés. En una nota de prensa de 2009 cuya copia le adjunto se cifraba en 1000 personas los asistentes a la manifestación frente a su sede que coreaban consignas como: “Montero devuelve el dinero” o “nuestro Pocero se llama Montero”. Los manifestantes contaron con el apoyo de IU, del concejal de ULEG y del portavoz del PP en esa localidad y el presidente de la Federación local de Asociaciones de vecinos pidió cárcel para los políticos y constructores corruptos que se aprovechan de ciudadanos y jóvenes al especular con terrenos y vivienda protegida.
Resulta increíble que el sr. Montero se atreva a pedir más dinero público para sus negocios cuando ha dilapidado una enorme fortuna surgida del ladrillo y ha sido incapaz de mantener su propio patrimonio habiéndose visto obligado a vender o ceder por impago el antiguo Hotel Manila y la Huerta Bonilla de El Barco de Ávila, que posiblemente no pueda hacer frente a los préstamos contraídos con entidades bancarias, que ha tenido que cerrar el Hotel Real de Bohoyo de cinco estrellas, que haya despedido a todos sus empleados cuando sólo en El Barco iba a crear más de 100 puestos de trabajo, que ha provocado un enorme agujero en Gecobesa, que debe dinero a un montón de pequeños empresarios de la zona,…
¿Todavía hay políticos y ciudadanos que confían en su funesta gestión?