El PSOE apoya a la comunidad educativa de Los Santos en su rechazo a la eliminación de ciclos de la ESO en la localidad.
El PSOE de Salamanca mostró su preocupación por la pérdida de servicios educativos en el medio rural tras las decisiones tomadas por el Gobierno regional del PP. La dirección del PSOE de Salamanca, representada por su Secretario General, Fernando Pablos, y la Secretaria de Educación, Rosa López, ha mantenido una reunión con el alcalde del municipio de Los Santos, Javier Álvarez, y miembros de la comunidad educativa de la localidad donde se ha abordado la problemática del cierre de unidades de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, ESO, en su centro educativo público.
Fernando Pablos y Rosa López mostraron su apoyo a los representantes municipales y a las madres y padres de alumnos del Colegio Público Álvarez Morato en su reivindicación de rechazar la supresión de unidades de la ESO en la localidad, y analizaron junto a la comunidad educativa de Los Santos las consecuencias que tiene para este municipio dicha medida, a la vez de expusieron su preocupación por la pérdida de servicios educativos que la Junta presta en el medio rural. En este sentido, el PSOE de Salamanca sigue considerando imprescindible que el gobierno regional del PP busque el consenso con los municipios afectados por la supresión de unidades educativas estableciendo las vías de diálogo necesarias con los Ayuntamientos, las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y los representantes sindicales del personal educativo en los centros de cada una de las localidades afectadas.
A juicio de los socialistas salmantinos, la desaparición de unidades de la ESO en la provincia incide negativamente en la lucha contra la despoblación en el medio rural ya que impide, y dificulta, la posibilidad de fijar población en los municipios, además de ir en contra de la igualdad de condiciones entre escolares y familias que viven en pueblos y escolares y familias que habitan en ciudades. Pablos y Rosa López retieraron que seguirán pidiendo en todas las instituciones locales, regionales y nacionales, a través de todas las iniciativas que estén a su alcance, que la Junta adopte las decisiones oportunas para que los recortes en educación perjudiquen lo menos posible a los derechos y la igualdad de las personas, así como a la actividad empresarial y al empleo en Castilla y León.