La junta de Castilla y León, propietaria de las viviendas “okupadas” en Victor Gorzo no ha solicitado al juzgado el desalojo de las mismas.
Si a usted o alguno de nosotros nos ocupan una propiedad, solicitamos que la justicia nos asista y tanto policial como judicialmente solicitmos nos sean restituidos nuestros bienes y “desokupadas” nuestras propiedades, con el fin de hacer uso de de ellas de forma legítima. La Junta no lo ha hecho aun.
Dos fuentes solventes consultadas por este medio confirmaron la semana pasada que la Junta de Castilla y León no ha solicitado le sean restituidos sus Bienes y “desokupadas” las viviendas. El propio alcalde confirmó este punto en el pasado pleno.
Los vecinos de la zona atribuyen el incremento delitos en la ciudad a la ocupación ilegal de estas viviendas y reclaman una solución para esta situación. y se preguntan por qué en algunos casos, ya sea con la presencia de menores o no, se desalojan viviendas policialmente por impago y no se adopten soluciones como la que afecta a la ciudad.
Recientemente los socialistas de Béjar por medio de su procuradora en las cortes regionales, Ana Muñoz de la Peña, presentaba una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno regional a poner fin, y solucionar de una vez por todas, “el conflicto generado en Béjar tras la ocupación ilegal de las viviendas sociales de promoción pública de la calle Victor Gorzo”.
Los socialistas consideran que ya ha pasado tiempo suficiente para que el gobierno regional adopte la decisión conveniente después de que el pasado mes de mayo unas nueve familias, desplazadas de fuera de Béjar, ocuparan las viviendas sociales de a calle Víctor Gorzo de Béjar sin que fueran sus adjudicatarios legales y sin que hubieran sido demandantes de ellas o haber participado o presentado solicitud alguna en los procesos de adjudicación.
Para los socialistas la Junta y el Gobierno regional del PP son los culpables de que se haya llegado a esta situación ya que en reiteradas ocasiones durante estos años se les había pedido que iniciara el procedimiento de adjudicación y entrega de las viviendas a los demandantes legales de ellas, paralizado desde el 2012, ya que la promoción estaba y llevaba tiempo terminada, sin que dicha petición hubiera sido atendida por la Junta”".
El alcalde, por su parte se auto eximia en el último pleno, de cualquier posible responsabilidad apuntando a la junta y a la subdelegación del gobierno como artífices de cualquier solución al conflicto
Dos fuentes solventes consultadas por este medio confirmaron la semana pasada que la Junta de Castilla y León no ha solicitado le sean restituidos sus Bienes y “desokupadas” las viviendas. El propio alcalde confirmó este punto en el pasado pleno.
Los vecinos de la zona atribuyen el incremento delitos en la ciudad a la ocupación ilegal de estas viviendas y reclaman una solución para esta situación. y se preguntan por qué en algunos casos, ya sea con la presencia de menores o no, se desalojan viviendas policialmente por impago y no se adopten soluciones como la que afecta a la ciudad.
Recientemente los socialistas de Béjar por medio de su procuradora en las cortes regionales, Ana Muñoz de la Peña, presentaba una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno regional a poner fin, y solucionar de una vez por todas, “el conflicto generado en Béjar tras la ocupación ilegal de las viviendas sociales de promoción pública de la calle Victor Gorzo”.
Los socialistas consideran que ya ha pasado tiempo suficiente para que el gobierno regional adopte la decisión conveniente después de que el pasado mes de mayo unas nueve familias, desplazadas de fuera de Béjar, ocuparan las viviendas sociales de a calle Víctor Gorzo de Béjar sin que fueran sus adjudicatarios legales y sin que hubieran sido demandantes de ellas o haber participado o presentado solicitud alguna en los procesos de adjudicación.
Para los socialistas la Junta y el Gobierno regional del PP son los culpables de que se haya llegado a esta situación ya que en reiteradas ocasiones durante estos años se les había pedido que iniciara el procedimiento de adjudicación y entrega de las viviendas a los demandantes legales de ellas, paralizado desde el 2012, ya que la promoción estaba y llevaba tiempo terminada, sin que dicha petición hubiera sido atendida por la Junta”".
El alcalde, por su parte se auto eximia en el último pleno, de cualquier posible responsabilidad apuntando a la junta y a la subdelegación del gobierno como artífices de cualquier solución al conflicto